La suprema corte de Estados Unidos ha aprobado recientemente cambios en la normativa de procedimiento penal. Con este cambio se le otorga al FBI el poder de realizar búsquedas en equipos que se encuentren en cualquier parte del mundo con tan solo una orden de registro autorizada por un juez estadounidense.
Cada vez se facilitan más las cosas para los agentes estadounidenses a la hora de piratear ordenadores anónimos en Internet, y más tras la aprobación de cambios en la normativa que garantizan estas búsquedas. Un gran paso para el hacking aplicado a la defensa de la ley, quienes actúan contra cuentas y dispositivos anónimos.
A partir de Diciembre esto se hará posible, a menos que surja una ley que la contradiga protegiendo los datos personales y profesionales de nuestrao ordenadores, ya que un elevado número deexpertos y gigantes de la tecnología se oponen a las órdenes de piratería legal. Esta nueva norma autoriza búsquedas limitadas contra objetivos no identificados en cualquier parte del mundo, incluso España. Sin embargo esta actuación podría violar la soberanía de estos países extranjeros y dar lugar a ciberataques, puesto que no van a ser ejecutadas con el consentimiento de la seguridad nacional de cada país.
En plena campaña estadounidense, el senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, se ha comprometido a introducir una legislación que cambie esta nueva normativa. Ron Wyden afirma:
- “Estas modificaciones tendrán consecuencias significativas para la privacidad de los estadounidenses y el alcance de los poderes del gobierno para llevar a cabo la vigilancia a distancia y las búsquedas de dispositivos electrónicos”.
- “Bajo las reglas propuestas, el gobierno ahora sería capaz de obtener una sola orden para acceder y buscar en miles o millones de ordenadores a la vez, y la gran mayoría de los equipos afectados pertenecería a las víctimas, no los autores, de la ciberdelincuencia.”
Una gran modificación que en principio se propuso como una modernización del código penal acorde a la era digital y que puede estar otorgando poderes sobre la privacidad de personas ajenas, la protección de sus datos personales y los derechos al honor y la propia imagen.