Análisis jurídico básico de las opciones procesales en la vía ordinaria una vez la Agencia de Protección de Datos ha actuado en un procedimiento de inspección del responsable de un fichero LOPD.
Agotada la vía administrativa, a la víctima de los abusos de los responsables de los ficheros o de los que han introducido datos incorrectos, inexactos o falsos en los dichos ficheros, o que los han transmitido sin su consentimiento ni conocimiento, sólo tienen la posibilidad de recurrir ante los Tribunales Ordinarios.
A pesar de lo que dispone la Directiva 46/95 en su artículo 22, en relación con el artículo 28, en España no existe más procedimiento que el ordinario y aún así, tampoco es adecuado para ser utilizado en defensa de los intereses de los afectados por el incumplimiento de la LOPD.
Dependiendo del tipo de infracción, habrá que dilucidar si se trata de una materia civil o penal.
En el caso de que la infracción no constituya delito, se tratará, simplemente, de plantear una reclamación de cantidad. Dependiendo de la cuantía en la que se cifren los daños, perjuicios, atentado al honor, a la dignidad, a la privacidad y al derecho a la propia imagen, se procederá conforme disponen los artículos 483, 484, 486 Y 487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En los casos en que la infracción constituya delito, habrá que proceder mediante denuncia o querella del afectado, de forma que pondrá en cono cimiento del juez de Instrucción los hechos que, presuntamente han sido constitutivos de delito.
Sólo se interpondrá denuncia en aquellos casos en que se persiga únicamente, poner en conocimiento de la Autoridad Judicial, hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Se interpondrá querella para los casos en que se persiga, no sólo poner en conocimiento de la Autoridad judicial unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, sino también la acusación formal contra un sujeto o sujetos imputándoles la comisión de hechos delictivos en solicitud, no sólo de la imposición de las penas previstas en el Código Penal, sino, también reclamando la responsabilidad civil que pudiera derivarse de los hechos imputados.
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