El 13 de diciembre de 1999 entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD ó LPD), que impone a todo tipo de organizaciones una serie de obligaciones legales para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos que manejan relativos a personas físicas.
El objetivo de estas medidas es preservar el derecho a la intimidad del ciudadano y su familia en la actual Sociedad de la Información, donde la tecnología posibilita la copia, la extracción, la modificación y la transmisión de datos de forma sencilla, automática y a bajo coste. Los riesgos se multiplican con cada tecnología aplicada al tratamiento de datos, con cada innovación.
La elevada cuantía de las sanciones, de 900 euros hasta 600.000 euros, así como cada vez mayor número de inspecciones llevadas a cabo por la Agencia Española de Protección de Datos, sean de oficio, o a consecuencia de denuncias de particulares (ciudadanos, consumidores y sus asociaciones) y trabajadores, pone de especial manifiesto la voluntad de las administraciones públicas de que todos los agentes económicos, no importa su tamaño (desde profesionales autónomos y pymes, hasta grandes corporaciones empresariales), cumplan con la normativa vigente.
Además de la LOPD, el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados y Documentales que Contengan Datos de Carácter Personal (regulado por el R.D. 1720/2007) establece una serie de medidas de seguridad destinadas a garantizar la correcta custodia y manipulación de los ficheros afectados y evitar la posible fuga de datos (por otra parte, el mayor riesgo de problemas con esta normativa).
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