¿Será posible la publicación de datos de gastos de cargos públicos para control ciudadano?

Los últimos acontecimientos han precipitado las opiniones a favor de la transparencia en la gestión de los fondos públicos. El marco legislativo permite esta opción, pero con ciertos matices.

En esta época de crisis, con la que está cayendo, las noticias acerca del presunto derroche de cargos públicos e instituciones producen en la ciudadanía un clamor a favor del control de los euros gastados en conceptos de representación y protocolo.

Yendo al grano, con la normativa actual, analizando la Ley 15/1999 de protección de datos personales, y las normas que regulan los derechos de acceso a la información por los ciudadanos, y su participación pública y acceso a la justicia sólo se atisban dos vías:

1. Que los cargos públicos autoricen uno a uno la publicación de sus datos (de gastos con tarjetas y cuentas oficiales) para control público de los mismos. Esto parece complicado, ya que siempre habrá una excusa en referencia a la seguridad y la urgencia en la actuación en interés ciudadano que disculpe a muchos de facilitar la información.

2. Que se publique una ley una ley que realmente autorice la publicación de dicha información, como se ha hecho en otros países. Se supone que estaremos en el mismo régimen de excusas y excepciones que se aportarán para los consentimientos privados de los implicados.