Los ciudadanos están cada vez más concienciados respecto a sus derechos y el valor de su información privada, así como las posibilidades de negocio que dichos datos ofrecen y las nuevas obligaciones a las que las empresas y las administraciones públicas que deben adaptarse.
Los cambios normativos se han ido introduciendo de forma paulatina, de esta manera tanto las empresas como los usuarios han podido adaptarse a estos nuevos cambios.
La concienciación sobre este tema es cada vez mayor, ya que el CIS asegura que un 76% de los ciudadanos está mucho más preocupado por la protección de sus datos. La Agencia Española de Protección de Datos ha notado un aumento considerable en el número de consultas recibidas en el último año.
Durante 2017 el número de consultas fue de apenas 257.000, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 755.000. Además, también han aumentado las reclamaciones en cuanto a tutela de derechos.
La AEPD ha fijado determinados criterios y garantías que las formaciones políticas deben seguir si van a hacer uso de los datos personales en la campaña electoral, haciendo que éstos asuman nuevas exigencias.
A pesar de ello, el Defensor del Pueblo ha recurrido al Tribunal Constitucional el artículo de la Ley de Protección de Datos con la que los partidos pueden rastrear datos personales sobre ideologías para poder hacer perfilados.
Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, deben adaptarse y nombrar delegado de protección de datos en algunos casos.
Por otro lado, la nueva normativa de protección de datos también afecta a la Administración, aunque se avanza mucho más lento y se está focalizando en cómo se actúa en otros ámbitos.
Se debe mejorar la custodia de los datos así como las políticas de seguridad, por lo que se necesitan nuevos procedimientos, protocolos y responsabilidades.
Se están empezando a fijar límites en el ámbito de la protección de datos, en una sociedad en la que las nuevas tecnologías y las redes sociales inundan nuestras vidas ya que los usuarios suelen exponer sus vidas, imágenes, opiniones o intereses en Internet.
Por este motivo, puede existir una colisión entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos, aunque se deberá ponderar y analizar las circunstancias en cada caso, será el derecho a la información quien gane siempre que sea necesario y exista una relevancia informativa.
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