La asociación zaragozana considera que se han transferido datos personales a entidades privadas sin consentimiento expreso de los ciudadanos, y sin una justificación legal ni control público, lo cual vulnera el principio constitucional a la privacidad.
En la denuncia se pide un procedimiento de inspección y la corrección de las actuaciones contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
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