De esta manera se esquiva así el proceso normal de libre elección del paciente o de tramitación previa de las compañías aseguradoras. El presunto fraude se lleva a cabo por facultativos de la Sanidad Pública que incumpliendo la protección de datos cobran dinero o derivan hacia centros privados en los que tienen interés.
La mayoría de estos hechos han sido denunciados en la provincia de Cádiz.
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